Hoy ha caído en mis manos un documento fechado en agosto de 1936 firmado por el gobernador civil, General Dávila, donde figuraban 20 nombres de personas que fueron fusiladas y sus cuerpos depositados en algún lugar desconocido de la provincia de Burgos. Me he preguntado si sería verdad aquello que una persona me comentó sobre la manera en que se elaboraban estas listas fatídicas en una ciudad castellana donde no hubo guerra y, sin embargo, ocurrieron más de 3.000 fusilamientos.

Un comercio que existía en la Plaza Mayor de Burgos en los tres años que duró la Guerra Civil nunca cerró antes las siete de la tarde. Se echaba el cierre hasta la mitad, aquellos cierres de hierro ondulado que el dependiente de turno, ayudado de un palo con un gancho en la punta, lograba coger por la argolla y bajarlo hasta una altura donde ya podía hacerlo con sus propios brazos, y dentro quedaba el dueño -un terrateniente rico-, que, además del comercio, poseía varios inmuebles y fincas. Además había sido concejal en varios mandatos. Poco a poco iban llegando; un representante del gobierno, el fiscal de la Audiencia, un catedrático de instituto, el jefe de Falange de la ciudad y un militar enviado por Capitanía. Entre los seis elaboraban la lista de los que al día siguiente o, incluso esa misma noche, iban a ser paseados.

Reunidos los seis comentaban cómo transcurría la contienda y preguntaban ¿a cuántos fusilaron ayer los rojos en Madrid? El representante del Gobierno daba una cifra e, inmediatamente, alguno de los reunidos indicaba el incremento en el número de los enemigos rojos que debían de ser fusilados. El representante del Gobierno sacaba una hoja donde llevaba escrito una serie de nombres que comenzaba a leer. La mayoría de las veces nadie expresaba una opinión contraria hacía los nombres que se proponían. En contadas ocasiones ocurría que alguno de los presentes se oponía porque conocía a la persona o, simplemente, porque el detenido debía un traje al comerciante y, si estaba en la lista, nunca se lo abonaría.

Terminada la velada cada personaje se dirigía a sus menesteres, uno con la lista al Gobierno Civil para pasarla a máquina, redactar el oficio que debía firmar el gobernador y, rápidamente, dirigirse al penal donde el funcionario de turno estamparía una cruz al lado de cada nombre, corroborando así su existencia en el centro penitenciario. El resto de los componentes se evadiría en alguna partida de naipes que tenían lugar en el Salón de Recreo o en el Casino, a la espera del día siguiente que repetirían idéntico protocolo de muerte.  

 

FOTO: Ayuntamiento de Burgos

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